Tanto Airbnb como HomeAway coincidieron en que están analizando el decreto por el que Hacienda se ha propuesto obligarles a facilitar todo tipo de información sobre las personas que, a través de sus webs, alquilan viviendas a turistas.
Coincidieron ayer en mostrarse dispuestas a hablar con la Agencia Tributaria sobre cómo mejorar la tributación de este pujante negocio, mediante una normativa ahora en consulta pública. Sin embargo, en ambos casos apuntaron como principal obstáculo la actual normativa comunitaria sobre protección de datos.
Estas plataformas digitales consideran que los datos personales están sujetos a leyes de protección de datos y privacidad muy estrictas y están analizando el texto del Real Decreto sobre el Nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos para conocer las implicaciones legales, sobre todo para comprobar si choca con las directivas europeas sobre protección de datos”.
En las plataformas insisten en que los datos personales de “los usuarios de un proveedor de la sociedad de la información es una cuestión muy delicada”.
El cambio de normativa, que busca según Hacienda prevenir el fraude fiscal, supone obligar a las plataformas de alquiler vacacional a identificar periódicamente con nombres, apellidos y NIF a los caseros y, en su caso, a los propietarios de la vivienda, así como proporcionar la referencia catastral del inmueble. También han de detallar cuántos días ha estado ocupado el piso, por quién y el importe de lo ingresado por dicho alquiler. Fuentes jurídicas consideran que el punto más delicado sobre la protección de datos se concentra en toda aquella información que las webs deberían empezar a solicitar para atender a Hacienda y que “no son necesarios para el negocio”.
