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El pasado viernes el consejo de Ministros aprobó la Ley 11/2021, Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación del juego.
La disposición se publicó en el BOE del 10 de julio. Se adjunta enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/10/pdfs/BOE-A-2021-11473.pdf
Adjuntamos seguidamente a la presente circular la nota de prensa del Ministerio de Hacienda.
Esta Ley introduce importantes medidas con transcendencia fiscal. Estamos preparando una circular en la que se analizan las modificaciones.
Igualmente, la Ley establece medidas en relación con los pagos en efectivo, estableciendo nuevos límites. Debido a la inmediatez de esta medida y a su importante transcendencia, avanzamos esta circular, únicamente en relación con esta medida.
Artículo decimoctavo.
Modificación de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude.
Se modifican el número 1 del apartado Uno, los números 4 y 5 del apartado Dos, el número 1 del apartado Tres y se añade un número 5 al citado apartado Tres, del artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, que quedan redactados de la siguiente forma:
No podrán pagarse en efectivo las operaciones, en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior a 1.000 euros o su contravalor en moneda extranjera.
No obstante, el citado importe será de 10.000 euros o su contravalor en moneda extranjera cuando el pagador sea una persona física que justifique que no tiene su domicilio fiscal en España y no actúe en calidad de empresario o profesional.»
Ministerio de Hacienda – Aprobación definitiva
El Congreso aprueba definitivamente la Ley de Lucha contra el Fraude Fiscal, que combatirá las formas de fraude asociadas a las nuevas tecnologías
- Esta ley, enmarcada en el objetivo del Gobierno de adaptar el sistema tributario español al siglo XXI, se incluye en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
- La norma busca perseguir la economía sumergida y la elusión que realizan las grandes multinacionales a través de la planificación fiscal abusiva, así como fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias
- Entre las medidas contempladas en esta nueva norma se incluyen la prohibición de las amnistías fiscales y del ‘software de doble uso’ y un mayor control de las criptomonedas
30 de junio de 2021.- El Congreso ha aprobado definitivamente el Proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, después de haber culminado con éxito su tramitación parlamentaria. Esta norma permite la adaptación de las herramientas para combatir las nuevas formas de comportamientos fraudulentos asociados a las nuevas tecnologías, en línea con las políticas que desarrollan otros países del entorno. También refuerza los instrumentos para perseguir la elusión que realizan las grandes multinacionales mediante la planificación fiscal abusiva.
El Proyecto de Ley fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 13 de octubre de 2020 y ha seguido los trámites parlamentarios correspondientes. La aprobación de esta norma se enmarca en la estrategia del Gobierno de modernizar el sistema tributario español y adaptarlo a los retos del siglo XXI. De hecho, esta medida se incluye en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dentro del componente 27 del citado plan, denominado ‘Medidas y actuaciones de prevención y lucha contra el fraude fiscal’.
El Proyecto de Ley contiene cambios en diversas normas y figuras tributarias, tanto para incorporar el Derecho comunitario a la normativa española, como para implantar medidas que refuercen la lucha contra la elusión fiscal y la economía sumergida. Asimismo, pretende reducir la litigiosidad de los contribuyentes y fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales.
Medidas concretas para atajar el fraude
Entre las medidas que se incluyen en el Proyecto de Ley se encuentra la limitación del pago en efectivo para determinadas operaciones económicas, que pasa de 2.500 a 1.000 euros, en el supuesto de operaciones en el que interviene un empresario o profesional. A su vez, se disminuye el límite de pago en efectivo de 15.000 a 10.000 euros en el caso de particulares con domicilio fiscal fuera de España.
Asimismo, la nueva norma contempla la prohibición por ley de las amnistías fiscales, evitando que existan agravios comparativos con la mayoría de contribuyentes, que cumplen con sus obligaciones tributarias.
Con esta Ley se rebaja de un millón de euros a 600.000 euros el umbral de la deuda con Hacienda que conlleva aparecer en el listado de deudores. Además, se incluyen en esa lista de deudores a los responsables solidarios.
La nueva Ley actualiza y amplía el concepto de paraísos fiscales, que pasan a denominarse ‘jurisdicciones no cooperativas’, término usado a nivel internacional. La lista de paraísos fiscales deberá ser actualizada periódicamente.
En sintonía con el objetivo de combatir las nuevas fórmulas de fraude asociadas a las nuevas tecnologías, la Ley establece la prohibición de la producción, tenencia o comercialización del denominado ‘software de doble uso’, donde se emplean programas informáticos que permiten manipular la contabilidad y que pueden ser usados por empresas infractoras para ocultar parte de su actividad.
Además, mediante esta norma se reforzará el control fiscal sobre el mercado de criptodivisas, estableciendo nuevas obligaciones de información sobre la tenencia y operaciones con monedas virtuales.
Valor de referencia
Esta nueva Ley contempla además una reforma que permitirá que, en el caso de bienes inmuebles, el valor de referencia del Catastro se convierta en la base imponible de los tributos patrimoniales, esto es, Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados e Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Esta misma regla será aplicable en el Impuesto sobre el Patrimonio para los inmuebles en cuya adquisición, onerosa o lucrativa, la base imponible haya sido el valor de referencia del Catastro.
El objetivo de la medida es reducir la litigiosidad provocada por el valor real, un concepto ambiguo que los tribunales asemejaban al valor de mercado. Tal y como señala explícitamente la Ley, el nuevo valor de referencia no puede superar el valor de mercado, para lo que se emplean factores de minoración en su determinación, de manera que su uso como base imponible no implica un aumento de la tributación.
El valor de referencia de cada inmueble se basa en los precios de todas las compraventas de inmuebles efectivamente realizadas y formalizadas ante fedatario público. Además, se realizarán valoraciones individualizadas teniendo en cuenta las características de cada inmueble (calidad constructiva, antigüedad, estado de conservación…). Por tanto, se calcula con unas reglas técnicas justas y transparentes y se fijará por el Catastro mediante un garantista procedimiento administrativo.
Este nuevo uso del valor de referencia, que entrará en vigor el 1 de enero de 2022, cuenta con el apoyo de las Comunidades Autónomas. De hecho, todas las Comunidades de régimen común están suscribiendo convenios de colaboración con el Estado para la coordinación de actuaciones relativas al valor de referencia.
Hay que recordar que el valor de referencia es distinto del valor catastral y por ello, esta norma no afecta en modo alguno a los impuestos que usan el valor catastral como base imponible (como el IRPF, el IBI o el Impuesto sobre el Incremento del valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana).
El valor de referencia sólo afectará a quien adquiera un inmueble a partir del 1 de enero de 2022, y a la vez tenga que tributar, bien por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, bien por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Igualmente, sólo podrá afectar al Impuesto sobre el Patrimonio en lo que se refiera a inmuebles adquiridos a partir de entonces, en ningún caso al patrimonio preexistente.
Trasposición directiva antielusión
La nueva Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal incluye también la trasposición de la directiva europea antielusión fiscal (ATAD), por la que se establecen normas contra estas prácticas que inciden en el mercado interior.
En el proyecto de Ley aprobado hoy se incorporan a la legislación española los ámbitos de la directiva concernientes a la Transparencia Fiscal Internacional (TFI) y a la imposición de salida o “Exit Tax”.
De esta forma, se persigue reforzar la tributación en España de rentas que se venían localizando en territorios de baja fiscalidad, y así evitar su deslocalización. Además, se quiere asegurar que las empresas que se trasladen a otro país no dejen de tributar por bases imponibles que legalmente deben quedar gravadas en España.
Cumplimiento voluntario de las obligaciones
La nueva norma contiene actuaciones para aligerar el volumen de litigiosidad con los contribuyentes y fomentar el pago voluntario. Se contemplan cambios en el régimen de reducciones aplicables a las sanciones tributarias y en el régimen de recargos para conseguir una mayor simplificación y favorecer el pago voluntario.
Asimismo, este proyecto de Ley incluye medidas para reforzar el control de los operadores del juego, que deberán colaborar en la lucha contra el fraude en esta actividad. Se habilitan mecanismos para luchar contra la manipulación de las competiciones deportivas y combatir el fraude que puede producirse en las apuestas deportivas.
Incorporación de enmiendas
Durante el trámite parlamentario se han incorporado además una serie de enmiendas que refuerzan el carácter de justicia fiscal que persigue la ley. En el Congreso, por ejemplo, se aprobó que las Socimi (sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria) tributarán al 15% por sus beneficios no distribuidos.
Además, en lo que se refiere a las Sicav (sociedades de inversión de capital variable), se refuerza su control mediante un requisito de inversión mínima de 2.500 euros, o de 12.500 euros en el caso de una sociedad por compartimentos, para los socios que, como mínimo, tienen que ser 100.
Otra enmienda introducida en la Cámara Baja contempla que cuando sea necesario llevar a cabo una inspección tributaria en el domicilio de un contribuyente, la Agencia Tributaria deberá obtener el consentimiento, bien del obligado tributario, bien una autorización judicial. La solicitud de la autorización judicial para la entrada en un domicilio deberá estar justificada e incluir su finalidad, necesidad y proporcionalidad. Tanto la solicitud como la concesión de la autorización judicial podrán practicarse, aun con carácter previo al inicio formal del correspondiente procedimiento.
Otras enmiendas han sido introducidas durante su trámite en el Senado y permitirán mantener el actual tratamiento fiscal a las herencias transmitidas en vida, los llamados ‘pactos sucesorios’, en aquellos bienes que sean vendidos a partir de los cinco años posteriores a esa transmisión.
